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Un año de ODS. Paz, justicia e instituciones sólidas

Miércoles, 29 Diciembre, 2021

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, referente a “Paz, justicia e instituciones sólidas” hace referencia al desigual desarrollo de las administraciones públicas en todo el mundo, con especial foco al acceso al sistema legal y a la eliminación de organizaciones corruptas. 

El ODS número 16 también hace referencia al desarrollo de medidas no discriminatorias, en especial en lo relativo a la sostenibilidad. Tal y como establece la Organización de Naciones Unidas, “El estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa y se refuerzan mutuamente, por lo que es esencial para el desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional”. 

En lo relativo a la Ingeniería Civil y el tratamiento de este ODS, éste se ha de analizar desde el punto de vista de la defensa de la profesión y desde el apoyo a la consecución de administraciones públicas conocedoras de la acción de las Obras Públicas en la sociedad.

Así lo defiende el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, a través de la participación activa en diferentes entidades supracolegiales para la mejora de las condiciones de los profesionales representados: 

  • Unión Profesional. “Unión Profesional es la asociación estatal que agrupa a las profesiones colegiadas españolas. Está integrada por 37 Consejos Generales y Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal que, juntos, aglutinan cerca de 1.000 colegios profesionales y millón y medio de profesionales liberales en todo el territorio. El subsector de los servicios profesionales genera casi el 10,7% del Valor Añadido Bruto (VAB) total de la economía española, y su aportación al empleo directo se situaría en un 12,6% y supone el 16,7% del tejido empresarial”. Unión Profesional, de la que forma parte el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, es un órgano que, de manera continuada, lleva a cabo informes y reuniones con las administraciones públicas para la consecución de objetivos reales en ámbitos como el desarrollo social, el profesional (como no podía ser de otra manera) y el económico. 
  • INGITE. “El Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE), es una entidad de carácter científico en la que están integradas asociaciones que representan a distintas ramas de la Ingeniería Técnica que actualmente representa a más de 300.000 profesionales y estudiantes”. Entre las últimas acciones llevadas a cabo, se encuentra la campaña contra el cambio en la Ley de Función Pública de la Comunidad Valenciana (que excluía a los Graduados en Ingeniería Civil del nivel A1 de la Relación de Puestos de Trabajo), así como la firma de acuerdos con entidades locales, regionales y nacionales para la defensa de la profesión y la mejora de las condiciones laborales de los Ingenieros.
  • Observatorio de la Ingeniería. A través de su participación en INGITE, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas forma parte de este observatorio, nacido en 2019, para el análisis de la situación de los Ingenieros en nuestro país: “El objetivo del Observatorio es analizar la realidad del sector de la ingeniería española, conocer sus necesidades para el desarrollo competitivo de las empresas y su proyección. Para ello se elaborará un informe a partir de encuestas al colectivo de ingenieros y del mundo empresarial, académico e institucional”. 

Defensa de la profesión

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 también se enfoca en el cumplimiento de la ley y en la utilización de los órganos judiciales para la defensa de, entre otros aspectos, las profesiones. 

Éste último, que se trata de uno de los principios del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, se ha continuado realizando también en 2021. De hecho, se han logrado avances en recursos de dominio público del CITOP en licitaciones de entidades locales y de carácter regional. Asimismo, también se ha participado en la consulta pública de normativas de nueva aplicación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Tal y como se ha tratado en el número 420 de la revista de Ingeniería Civil Cimbra, la defensa de la profesión ha ido encaminada a suplir los resquicios legales que se podrían dar como resultado de la solución temporal que se dio a las Ingenierías Técnicas tras el Plan Bolonia. “Más de una década después, no se ha establecido la oportuna reforma de la regulación de las profesiones, por lo que en la actualidad los Graduados en Ingeniería Civil ejercen la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, asumiendo las atribuciones que la Ley les reconoce. Es decir, que podrán proyectar, dirigir obras, etc. de forma plena, en su respectiva especialidad. A estos efectos, la doctrina jurisprudencial ha ido formulando un principio general que es el de “Libertad con Idoneidad”, por el que se podrán ejercer las atribuciones en el ámbito de las competencias que cada titulado posea en función de sus estudios”.

A lo largo de este 2021, se han llevado a cabo sentencias favorables ante los recursos llevados a cabo por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (las cuales se incluirán en un listado muy pronto en la web), siguiendo el principio de “Libertad con Idoneidad”: “Las últimas resoluciones de la Audiencia Nacional, en relación con el ejercicio profesional en ámbitos en los que no existe una regulación profesional restringida legalmente a favor de un determinado colectivo profesional, han interpretado la jurisprudencia relativa al principio de Libertad con Idoneidad en consonancia con la normativa relativa a la libre prestación de servicios”. 

De esta manera, el ODS número 16 podría tratarse de uno de los más importantes en lo referente a la sistematización de un entorno legal y jurídico fiable para los ciudadanos, siendo fundamental contar con órganos de decisión imparciales. Es función de la sociedad crear entidades, como la del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, que llevan a cabo esa función de vigilancia de las condiciones de sus representados y que, en el momento de ser necesario, pueden exigir aplicar la legislación del país en el que desarrollan su actividad.