Actualidad

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su relación con las presas y embalses españoles

Miércoles, 20 Abril, 2022

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha colaborado en el último número de Cimbra, salido en diciembre de 2021, para analizar cómo se están adaptando las presas y los embalses españoles a los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Organización de Naciones Unidas. 

El registro de presas y de embalses del que dispone la División de Seguridad de Infraestructuras de la Dirección General del Agua recoge actualmente los datos correspondientes a un total de 1.800 presas que se encuentran en explotación a lo largo y ancho de nuestro territorio. Esa cifra incluye tanto grandes como pequeñas presas, cierres de collados y azudes de derivación, así como unas 560 balsas de las como mínimo 30.000 que hay en todo el país. A lo largo de este artículo, elaborado por el Ministerio de para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, se analiza el papel del agua almacenada en nuestro país y cómo ésta participa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas. 

Introducción

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un total de 17 objetivos interrelacionados e indivisibles, subdivididos en 169 metas con un marcado carácter social, que fueron adoptados por Naciones Unidas en el año 2015, entraron en vigor en 2016 y se encuentran enmarcados en España en la conocida como Agenda de Desarrollo 2030. 

La Agenda de Desarrollo 2030 define los retos a los que se va a enfrentar la sociedad en el siglo XXI, uno de los cuales es el demográfico. En efecto, las estimaciones más optimistas prevén que la población mundial pasará de los 7.800 millones de habitantes de la actualidad a unos 11.000 millones en el año 2100. Población a la que no solo habrá que proporcionarle alimentos y satisfacer sus necesidades de agua, sino también las de todas las actividades que la utilizan: regadío, industria, energía, etc. contemplando, además, una variable hasta hace bien poco desconocida: el Cambio Climático.

Los ODS no deben confundirse con los conocidos como Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), también adoptados por Naciones Unidas en el año 2000 y que en número de ocho pretendían acabar con la pobreza en el año 2015. 

A los ODS deben adaptarse países, gobiernos, sectores de todo tipo, empresas y ciudadanos, por lo que suponen una nueva organización de la sociedad y una nueva forma de abordar la forma en la que ésta va a recorrer el nuevo siglo. Eso implica, claramente, una nueva Gobernanza, tanto a nivel global como a nivel individual de cada país. 

Las presas y embalses en España

La fuerte irregularidad espacio-temporal hidrológica de nuestro país, con frecuentes alternancias de episodios de abundantes lluvias y profundas y persistentes sequías, limita la disponibilidad de los recursos en régimen natural. Sirvan de ejemplo de dicha irregularidad las series de aportaciones de aguas superficiales de las cuencas de los ríos Guadalquivir y Ebro, mostradas en el artículo completo en la versión digital de Cimbra.

Según los trabajos recogidos en el Libro Blanco del Agua en España (Ministerio de Medio Ambiente, 2000), si no se alterase artificialmente el régimen natural de nuestros cauces mediante la construcción de presas, solo una pequeña parte de los recursos naturales que circulan por ellos, del orden del 7%, podría ser realmente aprovechada. De esta forma y como consecuencia directa de estas infraestructuras de regulación, el volumen de agua aprovechable llega a ser actualmente del 36%. Por ese motivo, no es de extrañar que el principal indicador de la situación hidráulica de España sea el volumen embalsado.

Espacialmente, la escorrentía anual también se distribuye de forma muy desigual. Si bien los territorios de la cornisa cantábrica disponen de más de 700 mm/año, el resto de cuencas no superan, en ningún caso, los 250 mm/año, cifra que baja incluso hasta los 50 mm/año en la cuenca del Segura, esto es, casi veinte veces menos que en Galicia y cinco veces menos que la media nacional.

Esa irregularidad espacio-temporal de precipitaciones y aportaciones ha obligado desde muy antiguo a construir en España presas capaces de almacenar el agua necesaria para satisfacer todas las demandas.

Antes de iniciar el siglo XX, el país contaba con casi un centenar de presas y a lo largo del mismo –especialmente en la segunda mitad– se ha producido el mayor crecimiento de su número, alcanzándose a finales de siglo un total de unas 1.200 grandes presas, de acuerdo con los criterios que para su clasificación realiza la Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD). Ello convierte a España en el primer país de Europa por número de estas infraestructuras y el décimo del mundo.

El registro de presas y de embalses que dispone la División de Seguridad de Infraestructuras de la Dirección General del Agua recoge actualmente los datos correspondientes a un total de 1.800 presas que se encuentran en explotación a lo largo y ancho de nuestro territorio. Esa cifra incluye tanto grandes como pequeñas presas, cierres de collados y azudes de derivación, así como unas 560 balsas de las como mínimo 30.000 que hay en todo el país.

Esas 1.800 presas proporcionan una capacidad de almacenamiento máximo de unos 60 km3, lo que, como ya se ha indicado, supone que, aproximadamente, casi una de cada dos gotas de lluvia que caen en España termina en un embalse. Esta cifra contrasta con ese 7% de regulación natural de nuestros ríos al que ya nos hemos referido y que pone de manifiesto que, sin presas, nuestro país no habría alcanzado la prosperidad y el grado de desarrollo del que disfrutamos y, lo que es más importante, no dispondría del agua dulce en los momentos en los que verdaderamente se necesita.

En definitiva, el 80% del agua que se usa en España ha pasado, previamente, por alguno de los embalses cerrados por esas 1.800 presas.

Su relación con los ODS

De una u otra manera, relacionados con las presas y con los embalses que estas crean, el sexto ODS establece la necesidad de “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible”. El séptimo, “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”, en nuestro caso, la hidráulica, combinada, quizás, con otras también sostenibles, como la eólica o la procedente de saltos reversibles. También hemos de hablar de la parte del noveno Objetivo, que habla de “Construir infraestructuras resilientes”. Por último, además de los tres anteriores, hay que reseñar también el 13º, que dispone la necesidad de “Adoptar medidas para combatir el cambio climático”.

Y en cuanto a las metas, más o menos relacionadas con las presas y embalses y sus principales indicadores de cumplimiento, cabe señalar, en primer lugar, la 6.1, que persigue “de aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos”. En relación con ella, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2019, en nuestro país el porcentaje de población que recibe suministro con Cobertura del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) es del 84,2%.

La Meta 6.4 persigue que “de aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua”.

En este sentido, el Índice de Explotación del Agua + (WEI +), medio anual en el territorio español fue del 20,60% en el año 2015, si bien el promedio de dicho índice durante los veranos del período 2002-2012 fue del 55% en la cuenca del Segura, lo que sugiere un grave estrés hídrico y una utilización de recursos claramente insostenible.

En cuanto a la Meta 7.2, ésta  pretende conseguir “de aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas”, objetivo esencial si se tiene en cuenta que en el año 2019, la proporción de energías renovables en el consumo final bruto de energía fue, según datos del INE, del 18,24%.

Por último, cabe referir la Meta 13.1 de “fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países”, evaluada, entre otros indicadores, mediante el número de personas muertas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 habitantes, de 0,22 en el año 2018, y con una tendencia tímidamente creciente en los últimos años.

En definitiva, los ODS están fuertemente relacionados con la importancia que el agua tiene para las sociedades del siglo XXI, por lo que se convierte en un pilar indiscutible y fundamental para lograr ese desarrollo sostenible.

Los usos del agua

La importancia que el agua almacenada en nuestros embalses tiene para el desarrollo de la sociedad española se pone de manifiesto cuando se comprueba que un 70% de ella, aproximadamente, se emplea en usos de carácter consuntivo, esto es, en abastecimiento y en riego, mientras que el 30% restante se destina a la generación de energía hidroeléctrica, de la que España dispone unos 18.000 MW de potencia instalada (del orden del 18% de la total).

Pero en relación con la generación de energía, es preciso hacer notar, sin embargo, que su participación en la producción eléctrica total anual es muy variable, al depender ese porcentaje de la pluviometría y, por lo tanto, de la irregularidad espacio-temporal de las precipitaciones/aportaciones ya comentada.

Así, mientras que en años húmedos se pueden superar sin dificultad los 40.000 GWh producidos con esa fuente, en años secos esa cifra no llega a los 25.000 GWh, siendo la media de los últimos años 32.500 GWh (un 17% de la producción anual). Un 88% de esa cifra proviene de las centrales convencionales y el 12% restante (unos 4.000 GWh) de las minicentrales, de las que 1.200 de las 1.350 centrales hidráulicas que hay en la actualidad en nuestro país, son de ese tipo.

En cuanto a las demandas consuntivas de agua, según los Planes Hidrológicos de segundo ciclo (2015-2021) se cifran en 32.083 hm3 para este año 2021.

Unos 25.800 hm3 (el 80,4%), que proceden de los embalses en su mayor parte, están destinados al uso agrario, a satisfacer la demanda de las 3,7 millones de hectáreas de regadío que hay en la actualidad. El 26,5% de esa superficie se riega por aspersión y, un 42%, con técnicas de riego por goteo, pero aún hay un 31,5% que se riega a manta, por gravedad.

En lo que se refiere al abastecimiento, en España residen unos 47,5 millones de habitantes pero nos visitan cada año unos 83,7 millones de turistas. Para satisfacer esa importantísima demanda, se requieren unos 2.400 hm3, si bien se estiman unas pérdidas en las redes de distribución de unos 1.000 hm3 adicionales. Ambas cifras representan, aproximadamente, el 15,5% del consumo total de agua del país, procediendo casi un 90% de los embalses. El resto de sectores económicos consumen unos 650 hm3 anuales, el 4% del consumo anual total de agua. 

Un indicador habitual de la importancia de los embalses para satisfacer esa demanda es el análisis del consumo en el mes de agosto, que se cifra actualmente en unos 4.530 hm3. Pues bien, si se analiza la serie histórica de desembalses efectuados por ese motivo entre las semanas 30 y 35 de cada año hidrológico (precisamente las equivalentes al mes de agosto), el valor medio resulta ser de unos 3.447 hm3, es decir, del orden de un 76% de esa demanda consuntiva, pero también puede comprobarse que en al menos 4 de los últimos 30 años, los consumos se han acercado mucho a esa cifra.

Si se hace ese mismo ejercicio en alguna de las cuencas intercomunitarias más significativas, el resultado será muy similar. Así, no solo las industrias y el regadío dependen de los embalses, sino que las grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Málaga, Granada y Santander), tienen la seguridad hídrica y la garantía del suministro basadas en embalses de regulación. 

Esa importancia que el agua almacenada en los embalses tiene para el desarrollo de la sociedad vuelve a ponerse de nuevo de manifiesto cuando se comprueba que algunas de las presas que los cierran tienen hoy en día la consideración de infraestructuras críticas/estratégicas, calificación que tienen todas aquellas que prestan, o sobre las que descansan, algunos de los servicios considerados como esenciales para la sociedad, o cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas. 

Pero los embalses cumplen otra importantísima misión en la actualidad: el suministro de los caudales ecológicos que los ríos necesitan para mantener la vida de la fauna piscícola y el bosque de ribera o la vegetación riparia. Esta función, que no se considera una demanda en sentido estricto, o un uso en sí mismo, supone una restricción previa al resto de usos mencionados.

Y, en este mismo sentido, conviene recordar que de los 76 humedales españoles que forman parte de la Lista de Humedales de Importancia Internacional o Lista RAMSAR, cinco de ellos son embalses: Orellana, Cordobilla, Malpasillo, Las Cañas y Ullibarri-Gamboa. Incluso a nivel autonómico, muchos de ellos están protegidos, como por ejemplo los 14 embalses incluidos en el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid, protegidos no solo por sus características naturales, sino también por contener agua para el abastecimiento.

Retos de los embalses en el contexto de los ODS 

La Agencia Española de Meteorología (AEMET), en línea con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), pronostica que España y, especialmente su arco mediterráneo, va a ser uno de los países más afectados por el Cambio Climático y la sucesión de fenómenos extremos. 

Las previsiones efectuadas por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX apuntan en la misma dirección y predicen que en los próximos 30 años vamos a asistir a una disminución de hasta un 20% de las precipitaciones, al menos en algunas zonas y, lógicamente, a cambios en la distribución temporal de las mismas, con un aumento muy significativo de la torrencialidad.

Ante esa situación, surgen actualmente dos preguntas relacionadas con los embalses. La primera, si su número actual es suficiente para atender las futuras demandas con un agua de calidad adecuada o si es preciso construir nuevas infraestructuras. La segunda, si las presas y los embalses están preparados para afrontar los perjudiciales efectos del Cambio Climático. 

Algunos sectores de la sociedad consideran que el actual número de embalses es más que suficiente, que no hay que construir ninguno más y argumentan, incluso, que habría que desmantelar algunos de ellos y gestionar de otra manera tanto la oferta como la demanda de agua.  

La respuesta de la Ingeniería es más prudente y pasa, inexorablemente, por la realización de estudios exhaustivos que analicen cómo pueden evolucionar los efectos del Cambio Climático, de manera que pueda darse una respuesta adecuada a ambas preguntas.

A la vista de esas negativas previsiones, la futura explotación de los embalses va a requerir equilibrar dos situaciones extremas. Por un lado, la irregularidad hidrológica indica que será conveniente mantenerlos más “altos”, para satisfacer con garantías todas las demandas, especialmente en esos previsibles períodos más prolongados de escasez o de sequía. Y por otro y por seguridad, convendrá fijar en ellos unos resguardos estacionales mayores, es decir, establecer un volumen máximo temporal de llenado que permita almacenar y laminar buena parte de esas mayores avenidas que en el futuro podrían presentarse en los períodos referidos. 

Y todo eso, sin perder de vista que la presentación de los fenómenos extremos puede sobrevenir de forma realmente rápida, tal y como ocurrió en España en marzo de 2018. En efecto, el país se encontraba inmerso en un período de sequía –que no escasez– de más de seis meses de duración, de forma que todas las Confederaciones Hidrográficas se vieron obligadas a poner en marcha sus Planes Especiales Frente a Sequía y a preparar Decretos de Sequía para afrontar tan perjudicial situación. Sin embargo, en un breve lapso de tiempo un tren de frentes atlánticos cruzó toda la península y acabó con esa situación en menos de 15 días, no sin ocasionar daños de notable importancia en numerosos puntos de varias cuencas hidrográficas.

Por lo tanto, si el Cambio Climático va a provocar fenómenos extremos, sequías y avenidas, de mayor intensidad y con una mayor frecuencia, en ciertas épocas del año habrá que procurar que los embalses se mantengan por encima de los niveles actuales, con objeto de satisfacer las crecientes demandas. Mientras, en otras, resultará más conveniente contar con un mayor volumen de resguardo con el que afrontar la laminación de unas mayores avenidas en condiciones de seguridad.

Ese difícil equilibrio en la gestión de la oferta y de la demanda en los embalses existentes, que además será diferente en cada zona geográfica del país, es el que hay que determinar. Y en caso de que dicho equilibrio genere déficits de oferta, habrá que construir nuevas presas y crear nuevos embalses. Y así lo establecen las recientemente aprobadas Normas Técnicas de Seguridad de Presas y Embalses, al indicar que todos los estudios de seguridad que se hagan en el futuro y, en especial los de seguridad hidrológica, “en la medida que el conocimiento científico y técnico lo permita, deben tener en cuenta la influencia que sobre esa seguridad podrían tener los efectos del Cambio Climático”.

Y para lograr ese punto de equilibrio, hay otro importantísimo aspecto que hasta ahora no se había tenido muy en cuenta, pero que va a ser fundamental comenzar a considerar en los estudios que se hagan para poder contestar a las dos anteriores preguntas planteadas: la sedimentación, el aterramiento de los embalses y su consecuente pérdida de capacidad.

Hasta un tiempo relativamente reciente, para analizar ese aterramiento era frecuente efectuar batimetrías periódicas en los embalses, lo que permitía determinar cuál era su pérdida de capacidad con respecto a su volumen inicial. Los trabajos efectuados por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX hasta principios de este siglo permitieron concluir que los embalses de titularidad estatal, que representan un 20,4% del total, perdían cada año, de media, del orden de un 0,5% de su volumen, con ciertas zonas de España en las que esta cifra podía llegar a alcanzar hasta el 1%. Por lo tanto, la principal conclusión que se alcanzaba manejando esos datos era que, en el año 2025, se habría perdido hasta un 12,5% de capacidad de embalse y hasta un 17,5% en el año 2050, es decir, unos 10,5 km3, con respecto a una máxima teórica, esos 60 km3.

Se trata, pues, de un problema muy serio y complejo y con una muy importante influencia sobre los recursos superficiales verdaderamente disponibles y su análisis no se puede seguir abordando como hasta ahora, es decir, a nivel local o individual en cada embalse. Ese análisis debe pasar por el estudio de ese fenómeno a nivel de sistema de embalses, regional, de subcuenca o incluso de cuenca, teniendo en cuenta, además, la ordenación del territorio, las características de los suelos y sus usos y, por último, el funcionamiento de la red fluvial en régimen normal y de avenidas.

Ello permitirá conocer mejor la procedencia de los sedimentos almacenados en los embalses, cómo van a parar a éstos, cómo se depositan en su interior y poder plantear así un adecuado programa de medidas en el territorio, en la cuenca, en sus cursos fluviales, en el propio embalse o en el cauce de aguas abajo de la presa, y, por supuesto, en la forma de gestionar esos sedimentos.  

Conclusiones

En definitiva, es evidente que las presas y los embalses españoles permiten lograr un cumplimiento muy elevado de los ODS, al haber posibilitado el acceso al agua a la inmensa mayoría de la población y al contribuir, por lo tanto, al cumplimiento de la Meta 6.1. Pero también sirven para aumentar la producción agraria, en línea con la Meta 2.3, y a incrementar el porcentaje de energía procedente de fuentes renovables, como es la energía hidroeléctrica, contribuyendo con ello a alcanzar la Meta 7.1. Todo ello, de forma sostenible, barata y eficiente.

También y en relación con el cumplimiento de la Meta 6.1, cabe pensar que, quizás y de cara al futuro, va a ser preciso comenzar a gestionar el agua contenida en los embalses de forma diferente a como se ha hecho hasta ahora, al tener que contar con los previsibles negativos efectos del Cambio Climático.

El reto que plantea la necesidad de lograr una mayor producción de alimentos y, por ende, de incrementar la superficie regable –que actualmente genera el 40% de la producción mundial– debe ir de la mano de una inevitable modernización y tecnificación de los regadíos (en España restan por modernizarse del orden de un millón de hectáreas) y de la implantación de sistemas de regadío cada vez más eficientes.

Pero también ese desarrollo va a requerir, sin duda, una visión holística de la gestión de los recursos y de la gestión de unas demandas y usos que compiten entre sí y la incorporación a esa gestión, de forma complementaria, de la variable medioambiental. Y es casi seguro que todo ello requerirá la incorporación al sistema de una mayor capacidad de regulación mediante la creación de nuevos embalses, al menos en algunas zonas geográficas.

Sin embargo, pensar que la resolución de los problemas relacionados con el agua va a pasar únicamente por crear nuevos embalses mediante la construcción de nuevas presas, es un planteamiento que no parece tener mucho recorrido actualmente en España, al chocar dicha actividad con el negativo impacto que éstas generan sobre los ecosistemas, dificultando, por tanto, el cumplimiento de la Meta 6.6 y del ODS 9.

Por último y para terminar, no puede olvidarse que hay un aspecto de los embalses no contemplado específicamente en los ODS pero que, sin embargo, sí podría ayudar en gran medida a fijar población en su entorno y a conseguir un adecuado desarrollo económico de las zonas rurales en las que se insertan: un turismo rural asociado a las masas de agua que almacenan los embalses y a unas actividades lúdicas adecuadas relacionadas con ellos, convenientemente reguladas, y siempre condicionadas a la explotación, sobre la que no pueden prevalecer. 

Autores. Juan Carlos de Cea y Rubén Castilla. División de Seguridad de Infraestructuras del MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico).

Artículo completo en el número 420 de Cimbra, la revista especializada en Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.