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El Ingeniero Civil en…La gestión de las ayudas europeas

Jueves, 11 Agosto, 2022

En los últimos años, especialmente con motivo de la crisis económica originada por el COVID, tanto la Unión Europea como los gobiernos nacionales han planteado una serie de medidas para el impulso de las economías de los estados miembros, basadas, principalmente, en la generación de riqueza desde un punto de vista sostenible.

De esta manera, las principales medidas se han destinado a la consecución de eficiencia energética en áreas como las viviendas. En el caso de España, además, las iniciativas cobran especial importancia al encontrarnos en el parque inmobiliario más envejecido de toda Europa. Con esta situación, que sin duda alarma, las ayudas son fundamentales para la reconversión del gasto energético en eficacia. Además, dada la situación energética que se ha dado con motivo del conflicto armado en Ucrania, cada una de las medidas previamente firmadas cobra más sentido que nunca.  

Así lo confirma, además, la Zona de Alicante del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas en una nueva colaboración en el diario La Información. Tal y como explica su Decano, Eduardo Vílchez, el “Programa de ayudas para la rehabilitación integral de edificios residenciales y viviendas” del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está financiado por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation. Este programa pretende impulsar la rehabilitación de edificios residenciales, viviendas y barrios, y la distribución de los fondos se canaliza a través de la Generalitat Valenciana. A través del citado programa, se prevé alcanzar las 510.000 actuaciones de renovación de viviendas en el segundo trimestre de 2026. Este número total de actuaciones de rehabilitación durante todo el periodo de aplicación del PRTR, implica un ritmo medio de 71.000 viviendas al año. En 2019, se rehabilitaron algo más de 31.100 hogares y, aunque supone un 10% más que en 2018, el objetivo del Gobierno es multiplicar la actividad por diez de aquí a 2030, llegando a las 300.000 viviendas al año”. 

El objetivo último es conseguir que los edificios nuevos de viviendas presenten emisiones cero en 2030, con ciertos matices: “el 15 % menos eficiente del parque inmobiliario de cada Estado miembro se actualice y pase de un certificado de eficiencia energética de grado G a uno de grado F como mínimo, de aquí a 2027 para los edificios no residenciales y de aquí a 2030 para los edificios residenciales. Centrar la atención inicialmente en los edificios con menor eficiencia cumple el doble objetivo de maximizar el potencial de descarbonización y de reducción de la pobreza energética, según promueve la Comisión Europea”. 

Las metas están claras pero, ¿cómo se van a conseguir?

El Ingeniero Civil

Para poder llevar a cabo todas las medidas planteadas por la Unión Europea, que ya cuentan con transposición en las normativas nacionales, son necesarios profesionales habilitados para el cambio de paradigma.

De hecho, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana llama a la creación del papel del agente rehabilitador para que controle no solo el proceso de rehabilitación de viviendas en el ámbito de la eficiencia energética, sino para que diseñe y gestione, posteriormente a su implantación, todo lo relacionado con las modificaciones en los edificios. 

El conocimiento de las estructuras, de los materiales, de las nuevas energías y del proceso de tratamiento en las obras de construcción hacen del Ingeniero Civil un profesional destacado para la gestión de las ayudas europeas en lo referente a la rehabilitación de viviendas.

Un ámbito de desarrollo de la profesión que, en los últimos meses, está tomando aún más importancia, dentro del compromiso de la Ingeniería Civil para con la sociedad. Tal y como explica la Zona de Alicante del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, “a modo de conclusión, consideramos que el Ingeniero Civil es el profesional técnico más capacitado para llevar a cabo este tipo de intervenciones y también para gestionar las diferentes ayudas que los organismos públicos ponen a disposición de la ciudadanía”.

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