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Los 30 años de la Ley 33/1992

Viernes, 09 Diciembre, 2022

El nueve de diciembre de 1992 se aprobó la Ley 33/1992 sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 10 de diciembre de ese mismo año, que suprimía dos apartados importantes de la Ley 12/1986.

La promulgación de dicha ley se promovió desde el propio Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, en base a la ambigüedad que presentaba la Ley 12/1986 de uno de abril sobre regulación de atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, especialmente en lo referido al artículo dos, párrafo tercero de la ley de 1986: 

“Corresponden a los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas todas las atribuciones profesionales descritas en el apartado primero de este artículo, en relación a sus especialidades respectivas, con sujeción en cada caso a las prescripciones de la legislación reguladora de las obras públicas”. 

En cuanto al apartado primero, éste disponía: “Corresponden a los Ingenieros técnicos, dentro de su respectiva especialidad, las siguientes atribuciones profesionales:

  • La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles en sus respectivos casos, tanto con carácter principal como accesorio, siempre que queden comprendidos por su naturaleza y características en la técnica propia de cada titulación.
  • La dirección de las actividades objeto de los proyectos a que se refiere el apartado anterior, incluso cuando los proyectos hubieren sido elaborados por un tercero.
  • La realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos.
  • El ejercicio de la docencia en sus diversos grados en los casos y términos previstos en la normativa correspondiente y, en particular, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.
  • La dirección de toda clase de industrias o explotaciones y el ejercicio, en general respecto de ellas, de las actividades a que se refieren los apartados anteriores”.

Por último, en las conclusiones, la ley en parte derogada delimitaba que “conforme a lo previsto en el número tres del artículo 2 de la presente, por Ley se regularán las intervenciones profesionales de los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas cuando se trate de carreteras, puertos, ingeniería de costas, infraestructura de centrales energéticas y ferrocarriles, presas y obras hidráulicas”. 

Era, por tanto, necesario derogar dicha parte de la Ley 12/1986 y crear una nueva para la correcta designación de los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Nace así la Ley 33/1992 que otorgaba una legislación clara en torno a las plenas atribuciones y competencias de los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, tal y como había solicitado el CITOP. 

¿Por qué es importante la Ley 33/1992?

La Ley 33/1992 establece, en su artículo único, que “quedan derogados el artículo 2.3 y la disposición final segunda de la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos”. 

Esta derogación vino propiciada por el movimiento de ITOP, liderado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, que contó con gran apoyo tanto en la sociedad como en el ámbito político.

En este último punto, la Junta de Gobierno del CITOP mantuvo reuniones con representantes parlamentarios y contó con grandes defensores, como Diego López Garrido, entonces Letrado de las Cortes, y Alfonso Guerra, Vicepresidente del Gobierno de Felipe González.

Finalmente, se consiguió acabar con la desigualdad de los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas con respecto a otros profesionales, quedando sus atribuciones y competencias, sin excepción, delimitadas por el artículo dos, apartado uno, de la Ley 12/1986, que repetimos a continuación: 

  • La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles en sus respectivos casos, tanto con carácter principal como accesorio, siempre que queden comprendidos por su naturaleza y características en la técnica propia de cada titulación.
  • La dirección de las actividades objeto de los proyectos a que se refiere el apartado anterior, incluso cuando los proyectos hubieren sido elaborados por un tercero.
  • La realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos.
  • El ejercicio de la docencia en sus diversos grados en los casos y términos previstos en la normativa correspondiente y, en particular, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.
  • La dirección de toda clase de industrias o explotaciones y el ejercicio, en general respecto de ellas, de las actividades a que se refieren los apartados anteriores”.

A día de hoy, la modificación de esta ley por la 33/1992 sigue siendo una herramienta clave para la defensa tanto de los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas como de los Ingenieros Civiles, quienes actualmente acceden a la profesión a través del Grado en Ingeniería Civil.

Este fundamento, el expuesto por la derogación del párrafo tres del artículo dos, es fundamental para otorgar plenas atribuciones a los ITOP en nuestro país, siendo profesionales cualificados para el diseño, la firma, la construcción y la gestión de proyectos en el ámbito de la Ingeniería Civil.

En palabras de Carlos Dueñas Abellán, Presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, “esta ley supuso un antes y un después en la profesión. En primer lugar, acabó con la injusticia legislativa de la Ley 12/1986, que había dejado en el limbo el desempeño de la Ingeniería Técnica de Obras Públicas”.

“En segundo, permitió poner en el mapa a nuestros profesionales, adquiriendo éstos, junto con el Colegio, un compromiso todavía mayor en la defensa de la profesión. Una campaña total en medios de comunicación, con partidos políticos de toda índole y con el apoyo de la ciudadanía que hizo de esos seis años una lucha continua y dura pero también gratificante. Hemos de agradecer, sin duda, a los responsables del CITOP de la época su apuesta por la profesión y por el cambio”. 

“Esta reivindicación”, termina Dueñas, “ha permitido que las generaciones posteriores hayamos podido desempeñar la profesión en garantía legislativa y con plenas facultades y atribuciones, algo que siempre agradeceremos a nuestros antecesores”. 

Conoce toda la lucha del CITOP en este vídeo.