Actualidad

Puntos principales de la nueva Ley de Movilidad Sostenible

Martes, 11 Abril, 2023

Todavía sin aprobar, la nueva Ley de Movilidad Sostenible ha generado un gran número de titulares en nuestro país pero, ¿qué trae de nuevo? 

La Ley de Movilidad Sostenible se engloba dentro de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, surgido a raíz de la crisis económica con motivo de la COVID. Dentro de las acciones propuestas, pensadas para el impulso de la economía nacional a través de medidas que fomenten el cumplimiento de la Agenda 2030, se encuentra esta futura norma. 

Actualmente en tramitación, tras la aprobación por el Consejo de Ministros el pasado diciembre, esta ley se aprobará, si todo sigue su curso, en 2023, tal y como explica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en su web: “El Consejo de Ministros ha aprobado y remitido a las Cortes el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible en su reunión del 13 de diciembre de 2022. Se inicia ahora la tramitación parlamentaria del texto, con el fin de que la ley pueda aprobarse y entrar en vigor antes de que termine el año 2023, dando cumplimiento así a lo comprometido con la Comisión Europea en cumplimiento de los hitos y objetivos del PRTR, ya que esta ley es una de las reformas comprometidas por España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. Pero, si atendemos exclusivamente a lo que determina la ley presentada, ¿en qué se basa?

Puntos principales de la Ley de Movilidad Sostenible

A la hora de comprender las nuevas normas que nos traerá esta ley, hemos de tener en cuenta los cuatro pilares fundamentales en los que se basa:

  • La movilidad como un derecho social.
  • Una movilidad limpia y saludable.
  • Un sistema de transporte digital e innovador.
  • Invertir mejor al servicio de los ciudadanos. 

El primero de los puntos, el de la movilidad como un derecho social, establece la creación de un órgano interadministrativo bajo el amparo del nuevo Sistema Nacional de Movilidad Sostenible. Éste tratará de analizar y de concretar las mejores medidas para la implantación de los nuevos medios de transporte colectivo sostenible, como es el caso de la modalidad a demanda, todavía sin desarrollar de manera masiva en nuestro país. Además, como no podía ser de otra manera, la nueva ley trata de, a través de mecanismos verdes, asegurar el acceso universal e incluso de toda la población. 

El segundo de los pilares, referido a la movilidad limpia y saludable, se basa en tres puntos principales. El primero de ellos, enfocado al desarrollo de infraestructuras clave para el uso de energías renovables en puertos, carreteras, etc. El segundo, en lo relativo al fomento de nuevas movilidades en ciudad, con el protagonismo de la bicicleta y de las urbes de 15 minutos, con trayectos a pie. En este sentido, se ha planteado la obligatoriedad de creación de un Plan de Movilidad Sostenible a las empresas con más de 500 trabajadores o con más de 250 empleados por turno. 

Y, por último, hablamos del transporte de mercancías, uno de los grandes quebraderos de cabeza en Europa: “A nivel estatal se elaborará un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad (IPEEM), y para los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes se establecen los Planes de Movilidad Urbana Sostenible Simplificados. También se establece que los planes de movilidad urbana sostenible deben contener medidas de ordenación de la distribución urbana de mercancías cooperando con otros municipios colindantes para el establecimiento de criterios homogéneos, medida largamente demandada por el sector para facilitar el transporte y la logística de última milla entre núcleos urbanos colindantes”. 

En cuanto a la digitalización del transporte, “se aborda la regulación en materia de digitalización y datos abiertos, con el fin de disponer de información en formato digital que permita que, desde las administraciones públicas, se tenga un mayor conocimiento del sistema de transportes y de movilidad para mejorar así la definición de las políticas públicas y la gestión del sistema; promover esa disponibilidad de información mediante datos abiertos, y favorecer el desarrollo de aplicaciones que permitan a los ciudadanos la adopción de decisiones sobre la planificación de sus viajes y durante el desarrollo de los mismos, así como la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la experiencia durante el viaje; favorecer la investigación, la creación de nuevos desarrollos y negocios a partir de todos estos datos que se generan en el ecosistema del transporte y la movilidad; y fomentar el uso de estos datos para otros fines de interés público que puedan surgir”.

También se incorpora el concepto de sandbox, que literalmente significa “caja de arena”. En términos científicos, se trata de un entorno cerrado en el que se pueden llevar a cabo pruebas exhaustivas sobre nuevos productos y/o servicios, como el de transportes sostenibles y de futura implantación. También se abre la puerta al servicio automatizado, en periodo de pruebas.

Financiación del transporte

Uno de los grandes hitos que presenta esta ley, si bien todavía no se ha desarrollado del todo, provocando inquietud en el sector del transporte. A lo largo de los últimos meses, en el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, hemos hablado de diferentes posibles medios de implantación del copago de las infraestructuras, una estrategia seguida en otros países de la Unión Europea. 

Sin embargo, todavía no quedan nada claras las acciones que llevará a cabo el Gobierno a la hora de implantar la financiación directa de las infraestructuras, especialmente en lo relacionado con la carretera. 

La nueva Ley de Movilidad Sostenible sí que especifica las ayudas nacionales al transporte urbano colectivo, especialmente en aquellas áreas con una alta densidad de población, así como al nuevo sistema de concesiones, anunciando el nuevo Mapa Concesional del autobús.

Pero en lo referido a la Red de Carreteras del Estado, únicamente se establece que “el Gobierno presentará un estudio de alternativas que analizará las distintas opciones viables para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar, al menos parcialmente, los fondos necesarios para un adecuado mantenimiento de la Red de Carreteras el Estado. El mecanismo de financiación procurará basarse en un sistema de pago por uso de, al menos, las carreteras de altas prestaciones de la Red de Carreteras del Estado, que tenga en cuenta criterios de equidad territorial, seguridad vial, y sostenibilidad ambiental".

Todavía sin desarrollar, hemos de esperar a finalizar los trámites de aprobación de la ley, así como su implantación y puesta en marcha, para conocer más sobre el posible pago por uso que se va a llevar a cabo en estas infraestructuras de nuestro país.

Su objetivo último es “alcanzar el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases efecto invernadero y emisiones contaminantes en el transporte, en línea con los acuerdos internacionales asumidos por España para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 de la ONU y la COP21 de París, y con las estrategias europeas, como el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la Comisión Europea y el paquete de medidas por una movilidad verde y eficiente”. 

Os dejamos con el texto completo, aquí.